La respuesta a la violencia contra la mujer, en debate.
Un estudio afirma que se atiende la urgencia y se descuida la prevención. Y cuestiona la falta de seguimiento de medidas como la exclusión del hogar.
La prevención y la alerta temprana en cuestiones de violencia de género aparecen relegadas frente a la atención de la urgencia en las políticas públicas destinadas a tratar la problemática en la Región, según indica un informe desarrollado por el Observatorio de Género de la Provincia, en el que también se menciona como problemas pendientes de solución a la existencia de un subregistro de casos, la fragmentación de la respuesta en distintos organismos y a las falencias en el control y seguimiento de medidas preventivas tan sensibles como la exclusión del hogar del agresor.
Así lo destacan las conclusiones del primer informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo Provincial, que cierra con el aporte de una serie de sugerencias tales como la de avanzar en el desarrollo de acciones y programas destinados al seguimiento de las víctimas, y la recomendación de recoger y sistematizar datos para elaborar estadísticas. Así como también, apunta a promover la creación de protocolos de actuación para unificar prácticas y procedimientos de operadores judiciales.
EL TRABAJO
Según el informe, las políticas públicas orientadas en la actualidad a responder a esta problemática en la Provincia se concentran de manera acentuada en la atención de las situaciones de emergencia, "en desmedro de la prevención, seguimiento y sanción de situaciones violentas extendidas en el tiempo".
Del mismo modo destaca que las políticas se asientan en la denuncia o consulta de la víctima o terceros como presupuesto de la actuación del Estado, sin que existan sistemas de alerta temprana para detectar situaciones de violencia en los casos en que ni la víctima ni los terceros acuden por sí mismos a las instituciones.
El trabajo destaca asimismo la existencia de "errores en la producción, registro y sistematización" de la información relativa a las violencias, con deficiencias tales como la falta de cruce de información entre distintos organismos y el subregistro.
Del mismo modo, el informe hace hincapié en la fragmentación de la atención en múltiples organismos, lo que "genera en la víctima un maltrato institucional que la obliga a deambular por distintas dependencias para obtener medidas de protección o acceso a derechos", al tiempo que "se traduce en una superposición de competencias sobre zonas comunes, a la vez que existen vacíos sobre los que ningún agente estatal actúa".
EN EL AMBITO DE LA JUSTICIA
También el trabajo destaca cuestiones críticas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas de la violencia. Afirma, en ese sentido, que "no existen centros de recepción de denuncia especializados, la mayoría de las causas terminan archivadas dado que el Ministerio Público no encuentra elementos para continuar la investigación y existen falencias en el control del dictado de medidas preventivas.
En ese sentido, destaca que "suelen dictarse medidas de exclusión del hogar del agresor, restricción o impedimento del contacto con la víctima, pero su cumplimiento no es controlado por la autoridad que lo dictó".
Al mismo tiempo destaca que las capacitaciones de los operadores judiciales son voluntarias y sólo teóricas, características que las convierte en "insuficientes" y que pesa en la toma de "malas decisiones".
Con todo, el trabajo destaca como puntos auspiciosos de las políticas públicas provinciales en la materia a la instalación de la temática y la creación de organismos, así como también en la mayor transversalidad de esas políticas y la mayor participación de la sociedad civil en el tratamiento de las problemáticas.
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